Una de las funciones primordiales del gasto y la inversión pública es fungir como instrumento para atenuar los desequilibrios sociales, buscando la mayor equidad posible; apoyar de manera subsidiaria y preferente a los más necesitados, para que puedan remontar las brechas que los marginan y les cierran oportunidades de progresar.
El problema que tenemos en México con los subsidios y diversos programas sociales, es la carencia de un plan integral bien estructurado y de largo plazo, con el que se comprometan las distintas instancias y niveles de gobierno involucrados; que cuente con el aval básico de la sociedad y sobre todo de los beneficiarios. Para ello, es fundamental la transparencia y la rendición de cuentas, que en México están muy lejos de niveles óptimos.
Todavía hay importantes espacios para la opacidad y discrecionalidad en el ejercicio del gasto público, como son los fideicomisos, que se han convertido en las "cajas negras" de los presupuestos en todo el país. La Cuenta Pública del 2010 presentó un monto de disponibilidad por 333 mil millones de pesos bajo esta figura.
En cualquier caso, deben estar claros los objetivos y mecanismos para lograrlos, el monto de los recursos involucrados y los resultados concretos que se esperan en las distintas fases de cada programa, bajo un enfoque de costo-beneficio. Que el dinero invertido sirva para resolver los problemas en un plazo determinado, en lugar de contribuir a perpetuarlos.
Ayudar a quienes no puedan cubrir sus necesidades básicas es una obligación de la nación y en particular del Estado, pero el propósito final debe ser asegurarnos que dejen definitivamente la pobreza y la dependencia.
Las tasas de pobreza en México no son muy distintas a las que se tenían desde 1992, cuando iniciaba la transformación de la política social que dio lugar a Progresa, hoy Oportunidades. Hoy, más de 52 millones de mexicanos son pobres.
No vemos que en el análisis y negociación del Presupuesto Público Federal para el 2012 se esté abordando con seriedad la necesidad de transparentar y hacer más eficiente el gasto público, en general, y el destinado a programas sociales y subsidios en particular.
La incertidumbre y desaceleración económica que se espera para 2012, debería ser motivo para revisar a fondo y tomar decisiones oportunas sobre los esquemas de subsidios y gasto social que tenemos. Para que sean eficientes.
En los últimos años, el gobierno mexicano ha destinado anualmente alrededor de 210 mil millones de pesos para subsidios al campo, al agua y en energéticos. Hay poca eficiencia en este gasto, que distorsiona los mercados y vulnera seriamente las finanzas públicas, sin que a cambio haya evidencia de un beneficio significativo y sustentable. De hecho, gran parte acaba siendo regresivo.
Los subsidios de Procampo y Progan tienden a prolongar la dependencia. Deben enfocarse en la productividad y la superación de la pobreza en el medio rural. La distribución de los recursos, debe focalizarse para evitar cualquier abuso y asegurar que los recursos lleguen a quienes de verdad los necesitan.
Se requieren reglas de operación más claras y transparencia en los padrones; que se puedan hacer cruces entre los programas, para impedir que un mismo productor reciba más subsidios de los que tiene derecho.
En el caso del agua, la política de subsidios ha tenido impactos negativos en el medio ambiente y en el desarrollo de tecnología e infraestructura que haga más eficientes las actividades de riego, redes de distribución urbanas o tratamiento de aguas residuales.
Una muestra de los desequilibrios en el tema del agua, es que el sector industrial llega a cubrir hasta un 90% de lo recaudado por su cobro, siendo usuario de menos del 10% del consumo nacional.
El rubro donde es más grande la incongruencia entre lo que cuestan los subsidios y los resultados obtenidos es el de energía. En los últimos cinco años, los recursos federales canalizados para este concepto ascienden al 1.5% del PIB en promedio anual.
Es probable que concluyamos este año con un gasto total de 250 mil millones de pesos en subsidios a gasolinas, diesel, gas LP y electricidad. Solamente para gasolina, se estima que el costo ascenderá a más de 180 mil millones de pesos.
Se estima que este tipo de subsidios no benefician a los que menos tienen.
Sin embargo, se trata de una ayuda a la economía familiar, especialmente para la clase media. Pero hay que poner en la balanza los efectos colaterales para el medio ambiente y la eficiencia energética, así como los riesgos que implica el contener la inflación con un subsidio cada vez más oneroso. Sobre todo, debemos analizar si ésta es la mejor forma de apoyar a la población, en particular a los más pobres.
Hay que ponderar que se trata de una ayuda temporal, como dicta la definición de los subsidios; no es una inversión para mejorar las condiciones y las oportunidades de los mexicanos, con una perspectiva de desarrollo sustentable.
Lo que se erogará en subsidios de energía este año representa casi cuatro veces el presupuesto del Programa Oportunidades para 2011 y la misma relación aplica para el Seguro Popular.
Por un monto similar al total, podrían entregarse anualmente 650 mil casas de interés social terminadas o construirse al menos 11 vías de metro similares a la Línea del Bicentenario del D.F.
Con poco más de la cuarta parte, alcanzaría para dotar de una computadora portátil a todos los alumnos de primaria y secundaria del país, con acceso a Internet. Menos del 4% del monto total de los subsidios, podría financiar un aumento de sueldo promedio de 2 mil pesos a los casi 400 mil elementos de base de las policías municipales y estatales. Con ello, se acabaría con el déficit salarial supuesto por el Nuevo Modelo Policiaco, incidiendo directamente en la susceptibilidad de corrupción en estas fuerzas.
Nuestra propuesta es concreta: más transparencia, ayudar preferentemente a quienes realmente lo necesitan, impulsar la productividad y competitividad de nuestra economía, y rendición de cuentas. En el caso de la energía, transitar de un modelo de subsidios generalizados a uno focalizado, liberaría recursos por más de 200 mil millones de pesos.
El deslizamiento de los precios de gasolina para alcanzar el referente internacional es correcto, pero hay que acelerar el ajuste. Si no hay cambios, la situación actual podría prolongarse hasta incluso en un mediano plazo.
Este es el tipo de análisis y posturas concretas que esperamos de nuestros gobernantes y legisladores; de quienes planean, negocian, asignan y ejecutan presupuestos públicos.
Pedimos responsabilidad y visión de Estado. Que el enfoque de la política económica no esté centrado en el corto plazo y el cálculo político-electoral. Los ciudadanos tenemos derecho a exigirlo.
Gerardo Gutiérrez Candiani
Presidente nacional de Coparmex
17 de octubre de 2011
