05 - septiembre - 2011
Amigos de Coparmex:
A más tardar el 8 de septiembre, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público debe presentar al Congreso de la Unión su proyecto
de presupuesto federal para el 2012. Los legisladores tendrán hasta el 15 de
octubre para aprobar la Ley de Ingresos y hasta el 15 de noviembre la de
Egresos.
Son dos meses y medio para que se pongan de acuerdo en
un presupuesto responsable, justo y a la altura de un año que se vislumbra con
alta complejidad política y económica.
Los ciudadanos no debemos permanecer tan solo como
espectadores de este proceso. El presupuesto federal es el dinero de todos. Hay
que participar propositivamente; demandar un diálogo serio y republicano; una
negociación transparente, sin acuerdos de espaldas a los ciudadanos.
En la parte de los ingresos, la clase política no ha
tenido la voluntad de llevar a cabo una reforma integral que dé soluciones de
fondo a la precariedad hacendaria del Estado mexicano, fuera de enmiendas
provisionales y de coyuntura.
Ya que se sigue postergando esta reforma, ahora por
los procesos electorales federales en puerta, reiteramos nuestro llamado a
atender el clamor de las empresas y los contribuyentes de simplificar el
régimen fiscal vigente. Les pedimos que nos ayuden a estar en mejores
condiciones de competitividad, de hacer inversiones y generar empleos.
La simplificación es fundamental para atenuar los
problemas de liquidez que hay en la economía y dar un impulso relevante al
mercado interno, ahora que tanto se necesita por la desaceleración que se
presenta. Las medidas que Coparmex propone no afectan a las finanzas públicas y
tendrán efectos positivos inmediatos.
Hemos solicitado al Ejecutivo un decreto para crear un
mecanismo que permita mantener, en todo momento, congruencia entre los pagos
provisionales del IETU con el total causado al final del ejercicio. Esto, a fin
de que los contribuyentes no tengan que esperar a recuperar sus pagos en exceso
hasta la declaración anual.
Solicitamos otro decreto que facilite el cumplimiento
de las obligaciones mensuales en materia de IETU; de tal forma que sea posible
aplicar un coeficiente de utilidad durante el ejercicio, para determinar los
pagos provisionales. Esta medida reduciría significativamente la carga
administrativa de las empresas.
A los legisladores les pedimos que se elimine la
restricción de acreditar en el IETU los efectos de deducciones en ISR derivadas
de inversiones, cuando éstas son mayores a los ingresos.
El Impuesto Especial de 3% a productos y servicios de
telecomunicaciones debe ser eliminado. En el 2010, su recaudación quedó 55% por
debajo de la meta, afecta a los que menos tienen y es lesivo para el mercado
interno y la inversión en uno de sectores más dinámicos de la economía.
Los empresarios de Coparmex reiteramos nuestro
compromiso con la obligación de pagar impuestos en tiempo y forma. Sin embargo,
rechazamos cualquier aumento de impuestos al momento de la negociación del
presupuesto; es injustificable mientras no haya una reforma hacendaria
integral, no se avance en la simplificación de los gravámenes vigentes y en
transparencia y rendición de cuentas.
En materia presupuestal, la asignación de recursos
tiene que regirse por criterios técnicos, de justicia y eficiencia
distributiva, atendiendo a los desafíos y necesidades contingentes, pero
también con una perspectiva de largo plazo. La racionalidad económica por
encima de la política.
Pedimos un presupuesto que reduzca el gasto
discrecional, con candados para ello; hay que cerrar los espacios por donde los
recursos puedan desviarse para fines proselitistas o de clientelismo político.
Una gran proporción del presupuesto federal está
etiquetada o comprometida. Por otro lado hay una parte importante en la que hay
opacidad, como sucede con algunos fideicomisos públicos.
Como en años anteriores, más de 30% del presupuesto
federal se entregará a estados y municipios, más de un billón de pesos. La
mitad está condicionada, en la forma de aportaciones; el resto, son las
participaciones en impuestos federales, cuya fiscalización corresponde a los
congresos locales, que deben reforzar sus áreas de auditoría.
Los principios de eficiencia, eficacia, austeridad,
transparencia y rendición de cuentas deben imperar tanto en el presupuesto
federal, como en los de todos los gobiernos locales. Efectivamente, los estados
y municipios requieren más recursos y es válido su planteamiento de que les
sean resarcidos en mayor cantidad. Sin embargo, para obtenerlos, deben
comprometerse a fondo con los principios mencionados y hay que revisar la
distribución de las competencias impositivas.
Es tiempo de acabar con la irresponsabilidad con que
algunos gobiernos estatales y municipales están ejerciendo el gasto y sus
facultades de endeudamiento.
Pedimos a los legisladores federales y estatales, a
los gobernadores y a los alcaldes, que sienten las bases para un nuevo acuerdo
de federalismo fiscal. Necesariamente debe incluir estos puntos: fortalecer y
transparentar sus registros de deuda pública y establecer límites al
endeudamiento; cuentas públicas transparentes y auditorías oportunas hechas por
organismos realmente autónomos y confiables; concluir el proceso de
homologación contable; mayores esfuerzos recaudatorios de los gobiernos
locales.
Vale la pena destinar una partida especial del
presupuesto federal para la modernización del catastro en todos los municipios,
mediante un esfuerzo coordinado de los tres niveles de gobierno. Actualmente,
la recaudación por impuesto predial en México es de solo 0.20% del PIB, la
cuarta parte del promedio latinoamericano.
Hace falta un mayor esfuerzo para invertir más y
racionalizar el gasto corriente del Estado mexicano en su conjunto, que ha
crecido en casi 5.5% del PIB en los últimos 20 años, a costa de la inversión.
Los excedentes petroleros no han sido aprovechados con
eficiencia; su uso ha sido en gran medida discrecional.
En tiempos de desaceleración, es preciso evitar los
subejercicios, como los que se han observado en años recientes, y también en el
actual. Por ejemplo, en caminos rurales, sólo se ha ejecutado poco más de la
cuarta parte de los 15 mil millones de pesos destinados.
El gasto social debe ejercerse con equidad y rapidez.
Los subsidios deben ser focalizados, evitando efectos colaterales, que acaban
siendo regresivos, como en la gasolina.
Pedimos presupuestos multianuales, y basados en
resultados, con métricas adecuadas. Hay que fortalecer la Auditoría Superior de
la Federación e impulsar la fiscalización ciudadana del gasto, a través de
observatorios con carácter vinculante.
El dinero público debe gastarse e invertirse de
acuerdo con el interés nacional; no está para ser repartido en función de
cuotas de poder, partidistas o de cualquier otra índole. No es patrimonio o
renta garantizada de grupos de influencia, ni fondo para el lucro
político-electoral.
Es producto del trabajo de todos los mexicanos, que a
cambio debemos exigir bienes, servicios e inversiones públicas de calidad:
seguridad, salud, educación, infraestructura, representación política real y
eficaz, financiamiento para la prosperidad y la equidad social.
Un saludo afectuoso.
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