24 - Octubre - 2011
La Ley de Ingresos aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados establece recursos por más de 3 billones 700 mil pesos, 59 mil millones más que la propuesta del Ejecutivo y reduce la expectativa de crecimiento de México para el 2012 del 3.5%, estimado por la Secretaría de Hacienda, a 3.3 por ciento
Se incrementa el déficit del 0.2 propuesto por el Ejecutivo a 0.4% del PIB, bajo el argumento de que con esto se tendrá un efecto contracíclico. El ajuste puede ser realista y responsable, siempre y cuando sea destinado para el crecimiento, la generación de empleos y un mejoramiento de vida los mexicanos.
Sin embargo, no hay ninguna medida relevante de simplificación, ni estímulos fiscales adicionales que contribuyan a estimular el mercado interno, para compensar una eventual baja de las exportaciones.
Hay que tener presentes las limitaciones y riesgos implícitos en la idea de que basta aumentar el gasto del gobierno para contrarrestar una desaceleración como la que ya experimentamos y que podría acentuarse a finales de este año y principios del 2012.
Las participaciones de los estados serán bajas, en niveles pre-crisis del 2009. No hay que olvidar que muchos de ellos tienen bajo estrés sus finanzas públicas. Ingresos como los derivados de incrementos del déficit no son participables.
Habría que determinar con precisión a dónde se destinarán los recursos, buscando que haya un impacto en la economía real; que el sector productivo pueda transformar esos recursos en inversión y empleo sostenible. De lo contrario, el gasto adicional puede quedarse sólo en burocracia y despilfarro, con un efecto efímero para el mercado interno, que de cualquier manera habrá que pagar, porque se trata de déficit.
Debemos tener presente que todo apunta a que el 2012 será un año de alta volatilidad e incertidumbre financiera y política, además de la debilidad que ya se da por descontada en nuestros principales mercados externos.
Tenemos elecciones federales en México, pero también las hay en Estados Unidos y en China, con el Congreso del Partido Comunista. En 2012, en Estados Unidos habrá vencimientos por más de 140 mil millones de dólares de deuda de baja calidad crediticia, que se suman a los de créditos corporativos, bonos hipotecarios y deuda soberana. En Europa, hay vencimientos por más de 600 mil millones de dólares.
No puede descartarse que pasemos de un escenario de alta liquidez a uno de tasas al alza.
Otro factor importante es que con el presupuesto de ingresos aprobado por los diputados, se mantiene la tendencia de aumentar nuestra dependencia de los ingresos petroleros. Se estima que para el 2012 representen el 35% de los ingresos totales.
Se espera que los ingresos tributarios aumenten en un 2.5% contra lo presupuestado para 2011, en términos reales. Sin embargo, el monto a recaudar por concepto de IETU se fija en poco más de 50 mil 737 millones de pesos, casi 10 mil millones menos que lo aprobado en el 2011.
Cada año disminuyen las estimaciones de captación de IETU, y se constatan en los hechos, con una recaudación decreciente. Confirmamos la necesidad de replantear el esquema IETU/ISR, que significa una alta carga administrativa para las empresas y un lastre para su liquidez, sin que a cambio haya una recaudación significativamente mayor. Esto no tiene lógica económica ante un escenario de desaceleración.
Reconocemos el esfuerzo de los diputados para tener a tiempo la Ley de Ingresos, que es responsable, sin dejar de ser inercial.
En materia de eficiencia recaudatoria, se exhortó al gobierno federal para realizar esfuerzos adicionales, para lo cual el SAT pondrá en marcha programas de revisión de devoluciones, programas derivados de la información generada relativa al impuesto sobre los depósitos en efectivo y esquemas de revisión de los precios de importación de mercancías. Sin embargo, no se avanza para resolver las distorsiones y fallas estructurales de nuestro sistema hacendario.
La propuesta del Ejecutivo de que las entidades federativas tengan la facultad de establecer un impuesto a las ventas y servicios, se desechó sin más.
Era una buena oportunidad para abordar con seriedad la necesidad de generar un nuevo Pacto de Coordinación Fiscal.
Tampoco hay una contribución contundente para que el país esté en mejores condiciones para enfrentar los retos de corto plazo.
Insistimos en que hacen falta medidas contingentes para blindar la economía ante la volatilidad financiera internacional y darle un impulso sólido al mercado interno.
Una estrategia contracíclica efectiva, que genere inversión y empleo en el corto plazo, pero que abonen a nuestra productividad y competitividad.
Más que aumentar la nómina de los gobiernos, necesitamos más empleos productivos, con salarios dignos y formales.
Por eso Coparmex propone estímulos a sectores como la educación y la investigación, innovación y desarrollo; incentivos para acelerar el paso hacia una economía verde y una Zona Económica Especial en la Frontera.
Inversión público-privada en centros tecnológicos, parques científicos y la primera red de innovación de México: una plataforma de comunicación para vincular el sector conocimiento. Reactivar al sector vivienda, mejores fórmulas de asociación y contratos para ampliar participación de la iniciativa privada en proyectos de energía y agilizar el crédito a las Pymes con medidas que pueden implementarse rápidamente, como la asignación directa de garantías a empresas.
México está preparado para superar la contingencia internacional actual, pero requiere de prudencia y acciones oportunas. Mejor aún, si contribuyen a resolver nuestro gran reto estructural: pasar del estancamiento estabilizador, al crecimiento sostenido con estabilidad y prosperidad para todos.
Exhortemos a los legisladores a trabajar en un presupuesto con ese enfoque. Es necesario y hay tiempo para hacer las cosas bien.
Un saludo afectuoso.
