Cruzada y zar anti-corrupción

 

 Lic. Gerardo Gutiérrez Candiani

19 - Septiembre - 2011

 

 

Coparmex ha reafirmado su respaldo a la iniciativa del Gobierno Federal de combatir con determinación al crimen organizado. Es un paso trascendental, tras décadas de menospreciar la agudización del problema. Sin embargo, para que el esfuerzo dé los resultados esperados -y en tiempo- nos está haciendo falta atacar decididamente a la corrupción y la impunidad, que han permitido que la delincuencia llegue a los niveles que hoy padecemos.

Hay que meter a la cárcel a los capos criminales, asesinos, extorsionadores, secuestradores y ladrones. Pero falta la otra mitad de la ecuación, para que la estrategia esté completa: políticos, funcionarios públicos, policías, encargados de la procuración e impartición de justicia, empresarios y líderes gremiales o sociales que se corrompen y delinquen con impunidad, frecuentemente coludidos con la delincuencia organizada.

Difícilmente superaremos el reto de la inseguridad, y muchos otros desafíos económicos y sociales, de no revertir la cultura de la corrupción en nuestras instituciones y en la sociedad. Desde hace décadas, los mexicanos nos quejamos de esta situación, pero lejos de haberla reducido, pareciera que cada vez es peor.

Debemos ser autocríticos: como nación, no hemos logrado atenuar el círculo vicioso de la impunidad y la corrupción.

Hace 10 años, México ocupaba el lugar 51 de 91 países en el ranking de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. En la última clasificación, estamos en el sitio 98 de 178 naciones. En tres años, el costo promedio para los hogares por concepto de sobornos creció 20%, llegando a casi 14% de sus ingresos.

Necesitamos convicción y firmeza para que la impunidad y la injusticia dejen de ser hechos cotidianos en la vida pública; erradicar la cultura del soborno, la simulación y el doble lenguaje. Hay que rechazar el cinismo de los corruptos; las justificaciones y los eufemismos, como llamar informalidad a la ilegalidad y "mordida" al robo.

La transición democrática alimentó la esperanza de un México más honesto, donde los abusos y casos de enriquecimiento ilícito serían castigados. Desgraciadamente, esto no ha sucedido; al contrario, surgen nuevos casos en todos los niveles, que terminan sólo en escándalos mediáticos.

Dejemos la pasividad ante esta realidad nacional. El tejido y la cohesión social se resquebrajan, al tiempo que se acrecienta una imagen distorsionada y negativa de nuestro gran país en el mundo y ante nosotros mismos.

Detrás de muchas de las tragedias que hemos vivido, como los casos del casino en Monterrey, la Guardería ABC o las matanzas de migrantes, hay corrupción e impunidad. Consecuencias directas o indirectas del soborno y el tráfico de personas, armas o contrabando, con la complicidad o negligencia de agentes que rara vez son castigados. Inclusive, desde las cárceles se operan todo tipo de delitos.

Lo mismo ocurre con la pérdida o degradación de bosques o playas; con el auxilio a damnificados por fenómenos naturales; el lavado de dinero; las obras públicas llenas de vicios ocultos, costos inflados y opacidad en la adjudicación de contratos; en los usos y costumbres corporativistas y de grupos privilegiados, cada vez más onerosos para la nación.

Estudios internacionales han encontrado que si México bajara su índice de corrupción al nivel de un país como Singapur, provocaría el mismo efecto para incentivar la inversión extranjera que una reducción del 50% en el impuesto sobre la renta que cobra a multinacionales.

También son corruptos, aquellos que lucran con la pobreza y el desamparo; los gobernantes que esconden información y comprometen el futuro de sus estados y municipios, con deudas y gastos irresponsables. Los empresarios que evaden impuestos o defraudan a las instituciones, a sus empleados, competidores y consumidores. Los servidores públicos que hacen de sus dependencias, agencias de colocaciones para sus familiares y grupos políticos, de tráfico de influencias y promoción electoral.

Los precios que se pagan a proveedores del sector público en las entidades suelen estar entre 10 y 30 por ciento por encima de su valor real. Todo esto con absoluta impunidad. Por eso urge que los órganos de fiscalización, como la Secretaría de la Función Pública, cuenten con "dientes suficientes" y facultades para sancionar los actos deshonestos.

En nuestro país, sólo el 2% de todos los delitos que se cometen son sancionados. Sólo 22% de las víctimas acude a las autoridades por la desconfianza ante la corrupción e ineficiencia prevalecientes en los ministerios públicos y juzgados.

Seis de cada 10 reclusos fueron consignados por delitos patrimoniales menores a 5 mil pesos, mientras que desfalcos multimillonarios quedan sin castigo.

La impunidad se fomenta desde arriba. No puede ser que entre los responsables de hacer valer la ley, estén algunos de sus principales infractores. México necesita que se investiguen, esclarezcan y castiguen los hechos de corrupción de las altas esferas, que indignan a la sociedad. Actos de justicia que sienten precedentes ejemplares.

Los ciudadanos también debemos hacer nuestra parte. La corrupción se reproduce en los pequeños actos cotidianos que transgreden las leyes y los principios del civismo: desde tirar basura en la calle o comprar piratería.

Es tiempo de una cruzada nacional contra la corrupción, con un objetivo de cero impunidad. El pueblo mexicano no es, por naturaleza, más corrupto o pasivo ante el abuso que otros. El problema es la falta de una cultura de respeto a la ley, con reglas claras e instituciones eficaces que aseguren que se respeten, con consecuencias ejemplares y oportunas para cualquiera que las infrinja, sea quien sea.

La corrupción se acabará en la medida que se sancione a quienes la cometen. Basta de impunidad e indiferencia.

Para impulsar este esfuerzo, proponemos a los ciudadanos, a nuestros representantes y al Presidente de la República, crear la figura de un Zar Anti-corrupción, como lo hicieron en otros países, con buenos resultados. Una oficina autónoma, apartidista y transexenal, encabezada por un mexicano íntegro, visionario y patriota, auxiliado por un consejo ciudadano.

Sería un enlace con la sociedad civil; que sume esfuerzos; diseñe y proponga políticas públicas, reformas legales y estrategias de articulación de programas, para apoyar a las instituciones de gobierno y órganos de fiscalización; métricas de evaluación y seguimiento de avances o retrocesos, en coordinación con universidades y organizaciones de la sociedad civil.

Una instancia que dé consistencia y continuidad a la lucha contra la impunidad; para que vaya en serio, con programas educativos, campañas de difusión y la búsqueda de acuerdos y compromisos de todos los sectores.

Sería una gran inversión. La corrupción cuesta mucho más: cuando menos 32 mil millones de pesos en el 2010, por concepto de sobornos en la vida cotidiana, casi la mitad del presupuesto asignado en el 2011 al Seguro Popular.

Ninguna comunidad puede aspirar a la seguridad y la justicia, cuando a sus autoridades y policías honestas se les margina o empuja a la colusión; cuando personajes relacionados con diversos tipos de fraudes y enriquecimiento ilícito del servicio público, aparecen sin vergüenza, con una doble moral, aparentando ser ciudadanos ejemplares ante un país con 57 millones de pobres.

Mucho menos cuando figuras como la del narcotraficante o el político corrompido son modelos a seguir para algunos.

Es tiempo de dar este paso complementario a la lucha contra la delincuencia, indispensable para un país con la grandeza, la nobleza y el potencial de nuestro México; maduremos como país.

Hagámoslo por nuestros hijos.